Era la oportunidad perfecta para romper con una larga historia de impunidad en la República Dominicana. Contábamos con todos los elementos necesarios: la confesión de la constructora que admitió haber sobornado, la colaboración judicial internacional, un contexto regional de investigaciones similares, dos tratados internacionales (ONU y OEA) que respaldaban el intercambio de información sobre corrupción transnacional, el apoyo de gobiernos y autoridades judiciales latinoamericanas, el control mundial de Odebrecht a través del Departamento de Operaciones Estructuradas operando en el país, y el cerebro del «mecanismo» Lava Jato, Joao Santana, a escasos metros del despacho presidencial.

Todo estaba dispuesto para formular una acusación contundente, posiblemente la más sólida en la historia de la persecución judicial contra la corrupción en América Latina. Sin embargo, había un obstáculo importante: el investigador, Jean Alain Rodríguez. Él no podía presentar una acusación acorde con la magnitud de las pruebas disponibles, ya que esto implicaría involucrar a su propio gobierno y a su jefe político, Danilo Medina.

No solo inculpó a personas sin relación causal con los hechos, sino que también excluyó a funcionarios de su propia administración, quienes recibieron casi 56 de los 92 millones de dólares que la constructora admitió haber distribuido en sobornos por sobrevaloraciones, incluyendo aquellos destinados a obtener la adjudicación y el sobrecosto de la obra más cara construida por Odebrecht fuera de Brasil: Punta Catalina. La estrategia era clara: desmantelar en lugar de construir, omitir en lugar de actuar, ocultar en lugar de revelar.

El encargo confiado a Jean Alain Rodríguez no era para alguien incompetente, pero sí para alguien servil. Su tarea consistía en subvertir su propia acusación y aparentar que investigaba lo que no deseaba encontrar, y según él, ¡no encontró nada! Recuerdo aquella lamentable rueda de prensa en la que excluyó de su investigación a Punta Catalina, basándose en la inexplicable afirmación de que no había pruebas suficientes para acusar a nadie. No presentó un solo documento que respaldara su supuesta investigación exculpatoria.

La República Dominicana fue el único país, entre los nueve de América Latina donde Odebrecht realizó obras, que no firmó un acuerdo de compromiso con el Ministerio Público brasileño para obtener su colaboración. Era evidente que no había interés en hacerlo. En cambio, fue el primero en apresurarse a firmar un acuerdo con la constructora brasileña para liberarla de un proceso judicial que podía desbordarse, lo cual resultaba políticamente peligroso.

Mientras que la República Dominicana solo realizó tres solicitudes de cooperación a Brasil en todo el proceso de investigación, países como Perú, por ejemplo, formularon 68 solicitudes, incluyendo varios testimonios in situ. Entre 2017 y 2018, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guatemala, México y Panamá realizaron un total de 115 solicitudes de cooperación a las autoridades brasileñas. La diferencia radicaba en la determinación política, en el rigor de la instrucción y en el compromiso de realizar una investigación responsable.

A pesar de que el acuerdo suscrito establecía que la constructora debía colaborar con el Ministerio Público, esta incumplió con su obligación, y el procurador no hizo nada para obligarla a cumplir. Bien pudo haber retenido pagos por cubicaciones, embargado cuentas bancarias y aplicado todas las medidas cautelares necesarias, tanto en el país como en el extranjero; pero no, la idea era mantener a Odebrecht al margen.

Como un hábil artesano político, Jean Alain realizó un trabajo minucioso de disección en una acusación deliberadamente débil. Si fortalecía la investigación contra empresarios y exfuncionarios ajenos a su gobierno, también tendría que hacerlo contra los de su propia administración cuando las circunstancias lo exigieran. Anticipándose a esta posibilidad, hizo un trabajo preventivo para proteger a los suyos, asegurándoles una exclusión sin costo alguno.

La estrategia consistía en aislar el proceso, incubarlo y manejarlo a puertas cerradas, evitando que se descontrolara y que la intervención de agentes externos o imparciales de otros Estados proporcionara pruebas que él no quería encontrar. Así, la Procuraduría dirigió de manera discrecional una investigación superficial, con el objetivo de presentar una acusación frágil que se desmoronara a medida que avanzara el proceso judicial, hasta quedar sin acusados. Este desenlace comenzó con la absolución de la mayoría de los acusados y terminó con la exoneración de los últimos dos, por mandato de una reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

De esta manera, se confirma una vez más la historia de impunidad. Una vez más, la impunidad prevalece. Al final, celebramos el déjà vu con una mezcla de incredulidad y resignación. Aquí no ha pasado nada, se repite la historia. Lo único que existe es un «lawfare», diría el emérito club de garantistas procesales; obvio, solo cuando se trata de acusaciones por delitos de cuello blanco. Ahora, que los apologistas de ese garantismo nos expliquen cómo en la República Dominicana predomina una judicialización de la política. Lo único que hemos presenciado, una y otra vez, es una soberana politización de la justicia, gracias a un Ministerio Público sumiso al poder político. Pero ¡cuidado con hablar de esto! Cualquier opinión será tachada de populismo judicial.

Negar que la estrategia política domina la gestión acusatoria es fingir ceguera; y es que, en materia de corrupción, ha prevalecido consistentemente el mismo patrón: bajo nivel investigativo, precariedad probatoria, exclusiones anticipadas y escaso rigor en la calificación y aplicación de las tipificaciones.

Es posible que esos eruditos atribuyan estos fracasos a la presión social que empuja al Ministerio Público a presentar acusaciones ligeras solo para calmar al público o silenciar los gritos del patíbulo popular. Pero ese no es el caso, nunca lo ha sido. Esa idea solo existe en la imaginación de aquellos que creen que en este país no hay corrupción, que los procesos judiciales contra la corrupción son retaliaciones políticas o distracciones circenses del populismo judicial, y que vivimos en una Suiza insular. En realidad, tenemos una historia de groseras omisiones que desmienten esta fantasía, con un Ministerio Público siempre subordinado a sus gobernantes, quienes rara vez, o nunca, pudieron presentar una acusación de oficio, al margen de denuncias o escándalos inevitables. Sucedió en el caso de los Tucano, en el proceso de los Tres Brazos y en una decena de expedientes olvidados. Odebrecht acaba de coronar esa historia con un final tan estruendoso como vacío. Debemos felicitarnos. ¡Mier…!