Estados Unidos impuso este jueves sanciones a 16 funcionarios venezolanos alineados con el presidente Nicolás Maduro, acusándolos de obstruir unas elecciones libres y justas en Venezuela. Las sanciones se producen poco más de un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela y días tras la salida del país del candidato opositor, Edmundo González, a quien Estados Unidos ha reconocido como el verdadero ganador de los comicios.

Entre los sancionados se encuentran líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que, según el comunicado del Departamento del Tesoro, fueron responsables de impedir un proceso electoral transparente y de manipular los resultados oficiales. Además, la lista incluye a altos mandos militares, de inteligencia y funcionarios gubernamentales vinculados a la represión y censura, mediante detenciones indiscriminadas e intimidación.

Paralelamente, el Departamento de Estado anunció nuevas restricciones de visado para un grupo significativo de funcionarios alineados con Maduro, acusados de socavar el proceso electoral y participar en actos de represión. Un alto funcionario de la administración estadounidense señaló que estas medidas responden a la evidencia de que Edmundo González ganó las elecciones del 28 de julio, y condenó los esfuerzos de Maduro por mantenerse en el poder a toda costa.

El funcionario agregó que estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia, en conjunto con los aliados internacionales, para presionar al régimen a respetar los resultados electorales. Aunque Estados Unidos ha reconocido a González como el candidato que obtuvo la mayoría de los votos, no lo ha formalmente declarado presidente electo.

Desde 2017, más de 140 individuos y 100 entidades venezolanas han sido sancionados por Estados Unidos por su participación en la corrupción, la violación de los derechos humanos y la erosión de la democracia en el país. Sin embargo, las sanciones anteriores no han logrado cambiar significativamente el comportamiento del régimen de Maduro.

En respuesta, el gobierno venezolano rechazó las nuevas medidas, calificándolas como «coercitivas, unilaterales, ilegítimas e ilegales», y acusando a Estados Unidos de seguir una política de cambio de régimen bajo la doctrina Monroe. La cancillería venezolana defendió a los sancionados, destacando su papel en la defensa de la soberanía y la paz del país, y afirmó que la acción estadounidense solo fortalece su compromiso con la nación.