Se ha debatido extensamente si el fideicomiso es un instrumento financiero que facilita el lavado de dinero. Recientemente, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., publicó un estudio titulado “Fideicomisos en México: el arte de desaparecer dinero público” (1). La conclusión central de este estudio es que los fideicomisos, cuando están vinculados a la política y a los recursos públicos, tienden a evadir las normativas sobre control del gasto, transparencia y rendición de cuentas. Esto, a su vez, facilita actos de corrupción debido a su estructura que protege la información y el patrimonio de los usuarios.
Sin embargo, es importante señalar que ningún producto del sistema financiero nacional, incluyendo el fideicomiso, fue diseñado para facilitar actos de corrupción o lavado de dinero. El fideicomiso es un instrumento financiero especializado cuyo funcionamiento y acceso a la información requieren un entendimiento técnico del producto.
En México, existen 10 tipos de instituciones financieras de cuatro sectores que están autorizadas para operar como fiduciarias. Algunas de estas instituciones están supervisadas en materia prudencial por los organismos reguladores del sistema financiero nacional y todas están sujetas a la normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Las instituciones fiduciarias tienen la obligación de proporcionar a las autoridades competentes información sobre el fideicomiso cuando se solicite, incluyendo detalles sobre el beneficiario final y los activos gestionados bajo los términos del fideicomiso.
Es crucial destacar que las instituciones fiduciarias son legalmente responsables por cualquier incumplimiento en el desempeño de sus deberes. Como sujetos obligados, pueden enfrentar sanciones penales, civiles o administrativas, y se puede asegurar que estas sanciones son eficaces y disuasivas.
Desde 1997, la Ley de Ingresos ha requerido que todos los fideicomisos, mandatos y contratos análogos en los que el gobierno federal intervenga sean registrados ante la Secretaría de Hacienda. Esto asegura que la información sobre los fideicomisos sea pública y auditada por la Auditoría Superior de la Federación.
A pesar de que el marco jurídico que regula la actividad fiduciaria no facilita el lavado de dinero, es importante reconocer que en la segunda etapa del proceso de lavado de dinero, conocida como estratificación, los fideicomisos pueden ser utilizados por delincuentes para enmascarar el origen de fondos ilícitos. Esto representa un desafío para las instituciones financieras, que deben establecer controles rigurosos para evitar ser utilizadas en operaciones de lavado de dinero.
Las instituciones financieras que operan fideicomisos deben llevar a cabo un proceso exhaustivo de conocimiento del cliente y del beneficiario final. Esto incluye la recolección de cuestionarios de debida diligencia, la identificación de Personas Políticamente Expuestas, y la revisión de listas negras. Además, es fundamental realizar un análisis detallado del esquema operativo del fideicomiso, considerando los siguientes aspectos:
Definición Clara de la Procedencia: Identificar claramente la fuente de los bienes o recursos financieros aportados al fideicomiso.
Origen de los Fondos: Para fideicomisos que manejan recursos financieros, es necesario verificar el origen de los fondos que se acreditan regularmente.
Vínculo Jurídico: El fideicomisario o las partes relacionadas deben tener un vínculo jurídico claro con el fideicomitente.
Objetivos y Operaciones del Fideicomiso: Definir claramente los fines del fideicomiso y las operaciones que se realizarán.
Estos pasos ayudarán a garantizar que las instituciones financieras no sean utilizadas para blanquear activos y a mantener la integridad del sistema financiero.
